'Pena para jefes de las Farc podría ser trabajo social': Fiscal

Por: REDACCIÓN POLÍTICA |8:56 p.m. | 29 de Abril del 2014

Montealegre dice que esto podría aplicarse como parte de la justicia transicional en posconflicto.

Un nuevo frente de debate se abrió este martes a causa de dos propuestas que lanzó el fiscal general, Eduardo Montealegre, para aplicar modelos de justicia transicional a los guerrilleros que dejen las armas y a los miembros de la Fuerza Pública que hayan cometido delitos graves en el marco del conflicto armado.

Por un lado abrió la discusión con la posibilidad de que los jefes de los grupos insurgentes –en este caso se refirió a los de las Farc que realizan diálogos con el Gobierno en Cuba– sean condenados por sus crímenes, pero que no vayan a la cárcel sino que se les apliquen penas alternativas. Habló concretamente de trabajo social.

El planteamiento del Fiscal va encaminado a que en Colombia se pueda aplicar el “modelo de justicia restaurativa”, que se consagró en el marco jurídico para la paz. (Lea aquí: 'Sin verdad no puede haber justicia y reparación')

“Todos los delitos que impliquen graves violaciones de los derechos humanos, los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad, que serían de competencia de la Corte Penal Internacional, tienen que ser investigados por la justicia penal”, enfatizó Montealegre.

Lo polémico sería la forma de aplicar esa pena. Para Montealegre, que participó este martes en el debate ‘Víctimas y su derecho a la verdad, la justicia y la reparación’ –el primero de una serie de cuatro que liderará EL TIEMPO Casa Editorial sobre los temas cruciales del proceso de paz–, el sistema judicial colombiano debe emitir las penas a las que haya lugar.

Sin embargo, agregó, la sociedad debería aceptar la posibilidad de sustituir la forma de pagarlas. “Una vez que se hayan producido las sentencias correspondientes podríamos hablar de penas alternativas a la pena de prisión”, enfatizó Montealegre, y añadió que, por ejemplo, está el “trabajo social comunitario, la participación de los máximos responsables en programas de restablecimiento social, como el desminado, y que contribuyen a desmontar las estructuras de guerra, y un gran trabajo de acercamiento entre víctima y victimario a través de trabajo social”.

Esto se traduce en que los máximos jefes de las Farc, que en distintos escenarios han hecho saber que no están dispuestos a pagar cárcel, no tendrían que ir a prisión sino que, por el contrario, podrían sustituir su pena por otra serie de actividades, contempladas en un marco de justicia transicional. (Vea también: No todas las víctimas aceptan que no haya cárcel)

De hecho, el funcionario recordó, en el caso de los guerrilleros, que “si la condena es por crímenes de guerra, eso no impide la participación en política”.

Juzgamiento de militares

La segunda propuesta que esbozó el Fiscal General está relacionada con la forma en la que se les debe aplicar justicia a los miembros de la Fuerza Pública relacionados con delitos cometidos en el conflicto armado.

Si bien Montealegre aclaró que los uniformados investigados por los denominados ‘falsos positivos’ (civiles presentados como miembros de grupos ilegales muertos en combate) no deben acceder a los beneficios de la justicia transicional, afirmó que es hora de pensar el modelo de juzgamiento que se les debe aplicar en un escenario de posconflicto.

Afirmó que se podría pensar en la posibilidad de aplicarles, por ejemplo, “regímenes penitenciarios abiertos” para que purguen sus condenas.

Este sistema, que debería regir mediante una ley estatutaria que reglamente el marco jurídico para la paz y basada en un tratamiento diferenciado para los uniformados, implicaría, por ejemplo, arrestos nocturnos o los fines de semana.

El Fiscal precisó, además, que podrían existir “tribunales independientes de los ordinarios, que sean pluralistas e integrados por diversas especialidades, como en la Corte Penal Internacional”, que se encarguen de los procesos de los miembros de la Fuerza Pública.

Este debate no es menor, pues el Gobierno ha sido claro en que no negociará ningún aspecto de la Fuerza Pública en La Habana, pero también ha enfatizado en que, de firmar un acuerdo para terminar el conflicto, los uniformados tendrán beneficios judiciales.

Que la discusión la haya abierto el Fiscal, uno de los hombres más liberales en materia de derecho en el país, deja claro que la Casa de Nariño ya ha comenzado a hacer consultas sobre cómo resolver estos temas.

REDACCIÓN POLÍTICA