Las prisiones colombianas que no tendrán celdas, sino dormitorios
Las ampliaciones de nueve cárceles crearán 6.300 cupos. El proyecto deberá superar varios retos.
Foto: Facultad de Artes de la Universidad Nacional.
Las nueve ampliaciones terminarán de entregarse en el 2018. En la foto, el diseño de la cárcel de San Gil, en Santander.
Las cárceles y las penitenciarías de Colombia tienen 76.553 cupos, pero son habitadas por 117.018 personas -40.480 sindicados y 76.538 condenados-, según cifras entregadas el pasado lunes por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
María del Pilar Bahamón, directora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), asegura que la mayoría de esa superpoblación corresponde a los internos que tienen condenas inferiores a 10 años.
Para disminuir ese número de reclusos se ampliarán nueve cárceles del país: Cómbita, en Boyacá (con el 6,5 % de hacinamiento); Ipiales, en Nariño (45,4 %); San Gil y Girón, en Santander (17,9 % y 37,5 %); El Espinal e Ibagué, en Tolima (no hay hacinamiento y 24,5 %); y Tuluá, Buga y Palmira, en Valle del Cauca (60,4 %, 53 % y 118,4 %). Bahamón precisa que a cada ampliación llegarán 700 internos. Es decir, el proyecto creará 6.300 cupos en el país.
Oliverio Caldas, uno de los arquitectos que dirige el proyecto –diseñado por la Universidad Nacional-, asegura que en estas ampliaciones mejorará la calidad de vida de los internos. "No hacemos celdas ni pabellones de reclusión, hacemos cupos penitenciarios y sectores de mediana seguridad", dice.
Explica que el cupo penitenciario corresponde a los metros cuadrados que se otorgan a cada preso -que oscilan entre 14 y 18-, distribuidos en su dormitorio y los espacios destinados a la alimentación, la salud, la enseñanza, el culto, el entretenimiento y las visitas familiares, conyugales y judiciales.
"Los internos únicamente irán a sus celdas a dormir. En el día realizarán actividades deportivas, culturales y académicas. Accederán a internet y asistirán a clases y a laboratorios", relata el profesional.
Familiares de internos se oponen
Tanto Bahamón como Caldas coinciden en que esta infraestructura carcelaria rehabilitará y preparará a los internos para su vida en libertad. Esa proyección no la comparte Fredy Páez, representante legal de la Asociación de familiares y amigos de los internos de la Cárcel de Cúcuta, y quien tiene un allegado y un amigo privados de la libertad.
"Las construcciones de más cárceles, las ampliaciones, van en contra de la dignidad humana. No es justo que personas que tienen condenas menores de 10 años estén encerrados", opina.
Para él, los internos que cumplen condenas mínimas deben ejercer un trabajo social fuera de las prisiones. "Estas personas pueden llegar a ser útiles para la sociedad. Si la persona cometió un delito es porque le falta preparación, conocimiento. Por eso se le debe resocializar, pero no en una cárcel, que es una escuela del crimen", insiste.
En su opinión, quienes cumplen condenas superiores a 10 años o son reincidentes sí merecen ser encarcelados.
"Una solución razonable"
Aunque algunos familiares de internos se oponen a estas ampliaciones y las consideran un "pañito de agua tibia" -como expresa Páez-, la Defensoría del Pueblo y algunos expertos respaldan la iniciativa, pero con varias condiciones.
En criterio de la Defensoría, aunque "la solución a la problemática carcelaria no se circunscribe a la construcción de nuevas cárceles", las remodelaciones pueden ser "una solución razonable a los altos niveles de hacinamiento".
La entidad destaca que los nuevos espacios deben tener "las locaciones necesarias para el alojamiento digno, el sano esparcimiento y los programas de rehabilitación".
Por su parte, Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, considera que las nueve instalaciones son "un paso adecuado para la dignificación del ser humano en las cárceles".
"Cuando los internos estudian y trabajan en las cárceles, éstas dejan de ser escuelas del crimen", apunta. Sugiere que los proyectos de las ampliaciones también se diseñen para los presos que cumplen condenas largas.
Los desafíos
Borrero advierte que ante nuevas instalaciones se deben crear estrategias para que los internos tengan sentido de pertenencia y "respeten la infraestructura".
También espera que estas ampliaciones no se hacinen y cumplan la meta de la resocialización. "Esta infraestructura debe lograr que los internos, cuando estén en libertad, desarrollen un proyecto de vida y no sigan delinquiendo".
Por su parte, la Defensoría advierte que "espacios adecuados" no son suficientes para obtener la resocialización de la población carcelaria.
"Además de las construcciones modulares que se proponen, el Gobierno debe garantizar la atención en salud y la formación de los reclusos. En otras palabras, en nada contribuirán los espacios propuestos si no se habilitan los programas de educación y trabajo".
La incógnita
El Inpec aún no decide sobre los 6.300 internos que serán trasladados a las nuevas instalaciones. Decidirá cuando las obras estén concluidas y la Uspec le entregue oficialmente los cupos.
La experta considera que los internos a trasladar deben seleccionarse en las cárceles más hacinadas, sin importar que se encuentren en otras ciudades. "Se deben asignar los recursos suficientes para realizar los traslados que se necesiten", afirma.
Al respecto, Páez explica que muchos reclusos no quieren ser traslados por temor a que los alejen de sus familias. "Lo más duro que le puede pasar a un interno es ser alejado de su núcleo familiar", reitera. Al mismo tiempo, subraya que las ampliaciones ponen en riesgo el derecho que tienen los internos a ver a sus seres queridos.
De igual forma, Borrero destaca la importancia de la cercanía entre el preso y su familia. "Al interno no se le puede aislar, debe tener la oportunidad de ser visitado por sus allegados".
Contra el hacinamiento
Al igual que Páez, Borrero indica que el trabajo comunitario podría reducir el porcentaje de hacinamiento carcelario nacional, que está en el 53 por ciento, según el Inpec.
La experta también recuerda que se puede disminuir la superpoblación carcelaria si se reduce el número de detenciones preventivas. "Solo deberían aplicarse cuando son necesarias y exista el riesgo de que las personas no colaboren con la justicia. De resto, mientras están en juicio, los sindicados deberían estar en la calle", dice. Añade que otras medidas de seguridad favorables pueden ser el brazalete electrónico y la casa por cárcel.
"La solución al problema del hacinamiento pasa por la racionalización de la política criminal del Estado, que durante más de una década consistió en el aumento de penas, la creación de nuevos delitos y las restricciones en la concesión de beneficios judiciales y administrativos", sugiere, por su lado, la Defensoría.
"La sociedad colombiana debe entender que es normal, e incluso deseable, que un procesado se defienda en libertad sin que ello suponga ningún tipo de impunidad, como también es deseable que un recluso, cumplido un porcentaje considerable de su pena, pueda acceder a la libertad condicional o detención domiciliaria. Hasta que estos conceptos no sean apropiados por la sociedad, la problemática carcelaria persistirá, independientemente del número de cárceles que se construyan", agrega la entidad.
Aunque la Defensoría reconoce la disminución del hacinamiento de condenados en el 2014, que bajó en un 8,6 por ciento -debido a la puesta en marcha de la reforma al Código Penitenciario y Carcelario-,advierte sobre el incremento, en un 7,5 por ciento, del número de sindicados en lo corrido del año.
De acuerdo con cifras entregadas por el Inpec el pasado lunes, la cárcel que presenta mayor hacinamiento es el Establecimiento Carcelario y Penitenciario de Mediana Seguridad de Riohacha, que registra 454 por ciento de superpoblación. Allí deberían habitar 100 internos, pero realmente viven 554. Le siguen las cárceles de Magangué (360,7 %), Santa Marta (342,3 %), Valledupar (284 %) y Cali (273,7 %).
Nuevas cárceles
La directora de la Uspec revela que, si hay disponibilidad de recursos, se construirán nuevas cárceles en Riohacha, en La Guajira y Fundación, en Magdalena. "En este año iniciaríamos las contrataciones. Con estos dos proyectos se habilitarían 4.500 cupos penitenciarios".
Asegura que posiblemente se trasladarían a esos lugares "internos de varias categorías" y cuenta que en dichas cárceles podrían diseñarse pabellones para mujeres. "Estamos definiendo ese asunto con el Inpec. La idea es que sean soluciones integrales y regionales".
La funcionaria anota que también podría construirse una cárcel en Pereira, pero insiste en que esa posibilidad también depende del presupuesto. "Las posibles construcciones de esas nuevas cárceles surgen a partir de la necesidad de sacar las actuales cárceles de los cascos urbanos. Una decisión judicial ordena esa medida", aclara.
Propuesta verde
Para que sean eficientes energéticamente, las ampliaciones de las cárceles -en las que se invertirán 350.000 millones de pesos- tendrán espacios iluminados y ventilados. "Los establecimientos carcelarios no pueden ser ajenos a las necesidades del planeta", reconoce Bahamón.
Las nuevas instalaciones contarán con cubiertas verdes. "Los suelos que se quitarán en los terrenos se llevarán a los techos de los edificios. Así se regularán las aguas lluvias y, debido a la capa de humedad, se bajarán las temperaturas", explica el arquitecto.
Caldas añade que las "celdas fueron diseñadas para que sean adecuadas térmicamente, según la posición geográfica". "Lo que hacemos se ha convertido en referencia internacional", concluye el profesional, quien cree que en el futuro el país podría contar con "centros de reclusión social abiertos o semiabiertos".
MARÍA DEL PILAR CAMARGO CRUZ
Redacción ELTIEMPO.COM
@PilarCCruz
pilcam@eltiempo.com
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