Acallar medios críticos se vuelve una política en América Latina

Capitales chavistas compran el principal diario de Venezuela. Lo mismo pasa en Bolivia y Argentina

12:02 a.m. | 1 de septiembre de 2014

Foto: AFP

La gran baja de la 'Guerra Mediática' en Venezuela fue el cierre del canal RCTV.

El segundo día de febrero de 1999, ante Dios, la patria y una “moribunda Constitución”, Hugo Chávez juró como Presidente de Venezuela; el 25 de mayo del 2003 Néstor Kirchner se cruzaba sobre el pecho la banda presidencial celeste y blanca, y el 22 de enero del 2006, con el puño izquierdo en alto y la mano derecha en el corazón, Evo Morales asumía el gobierno de Bolivia.

Un teniente coronel golpista, un caudillo de la Patagonia y un líder cocalero indígena. Tres políticos de izquierda con planes refundacionales que, ya instalados en el poder, vieron en los medios de comunicación independientes a los enemigos de sus programas, y los combatieron con estrategias similares: presiones, discriminación en el reparto de la publicidad estatal, cierres y compras.

Como en todos los intentos reformistas de los últimos 15 años en la región, el chavismo aquí también fue pionero y extremo. Medios venezolanos aseguran que Venevisión, el canal con mayor audiencia en el país, propiedad del magnate Gustavo Cisneros, pasaría a control estatal el 1 de enero del 2015.

Adriana Cisneros Phelps, hija del empresario y CEO de la Organización Cisneros, desmintió la posible venta al gobierno del presidente Nicolás Maduro. La jugada parecería extraña, si se considera que en Venezuela ya no quedan estaciones que critiquen al gobierno. La última fue Globovisión, el canal de noticias que en mayo del 2013 fue comprado por banqueros cercanos al gobierno. La línea editorial cambió de a poco, los actos de la oposición perdieron minutos al aire, y los periodistas y rostros críticos han renunciado o fueron despedidos.

Desde entonces, la televisión abierta venezolana refleja una sola cara de una sociedad partida por la mitad.

Una costumbre

El uso de alfiles en medios opositores se volvió habitual desde que Maduro asumió en abril del 2013. La Cadena Capriles, empresa que publica Últimas Noticias, el diario de mayor tiraje en el país, y El Mundo Economía y Negocios, fue comprada en octubre pasado, según la versión oficial, por Hanson Asset Management, una banca de inversiones inglesa, pero todavía se desconocen los nombres de los nuevos dueños. Los expertos aseguran que capitales cercanos al gobierno son los verdaderos propietarios.

En febrero pasado, Últimas Noticias censuró un artículo sobre las protestas por la escasez e inseguridad en el país, y varios periodistas han renunciado.

Algo que todavía no pasa en El Universal, uno de los diarios más influyentes de Venezuela, que en junio pasado fue adquirido por el grupo español Epalisticia S.L., del cual se desconocen los nombres de los socios y el monto de la operación. Pero los cambios en la línea ya son evidentes. Un dibujo de la caricaturista editorial del periódico, Rayma Suprani, fue censurado el 3 de agosto porque, según la nueva administración, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, aparecía retratado con nariz de chancho, junto a Maduro y a Simón Bolívar.

El control de medios obsesiona al chavismo desde el golpe de Estado fallido que sufrió Hugo Chávez en abril del 2002. Entre los culpables, el mandatario acusaba a los ‘Jinetes del Apocalipsis’, como se refería a los canales Radio Caracas Televisión (RCTV), Globovisión, Televen y Venevisión, que transmitieron dibujos animados y series estadounidenses mientras la asonada era desarticulada por militares leales a Chávez. Una “guerra mediática” había empezado, declaró el Presidente.

“Ese fue el comienzo de un proyecto de medios públicos sobre la base de lo que se ha denominado la ‘hegemonía comunicacional’ ”, señala Marcelino Bisbal, investigador de las comunicaciones venezolano. La gran baja de esa “guerra mediática” fue RCTV, el canal de mayor sintonía, famoso por sus teleseries como Topacio o Cristal, que salió del aire el 27 de mayo del 2007 luego que el gobierno no le renovara la señal de transmisión que vencía ese día, por supuestamente apoyar el golpe.

Buen alumno

En una entrevista con el diario El Deber, de Santa Cruz en septiembre del 2013, el presidente boliviano, Evo Morales, dijo: “Antes sentía que el 80 o 90 por ciento de los medios eran mis opositores (...) ahora quedan 10 o 20 por ciento de (medios) opositores”. La anécdota la recuerda el periodista boliviano Raúl Peñaranda en su libro Control remoto, en donde describe el plan diseñado por el gobierno de Morales y dirigido por el vicepresidente Álvaro García Linera para manejar los medios.

“Para nadie es un secreto que el escenario mediático boliviano ha cambiado en los últimos años”, comenta Peñaranda, exdirector del diario de línea independiente Página Siete.

En una técnica similar a la del chavismo, Peñaranda concluye en su investigación que el diario La Razón, los canales ATB, PAT, Full TV y Abya Yala fueron adquiridos por empresarios amigos del gobierno, que puso en cargos directivos a profesionales afines. “Eso afecta la democracia, porque reduce las posibilidades de fiscalización, desalienta la crítica y homogeneiza a la sociedad. Además, es una demostración de falta de transparencia”, dice Peñaranda.

Evo Morales aplicó la técnica del chavismo y amigos del Gobierno se dedicaron a comprar medios.

El caso emblemático es el de La Razón, hasta el 2008 un crítico implacable del gobierno de Morales. El diario era propiedad del grupo español Prisa –que edita El País–, junto con el canal ATB y el periódico Extra, de circulación menor en La Paz. En octubre de ese año, el empresario venezolano Carlos Gill, cercano al gobierno de Chávez, y anteriormente al del presidente Rafael Caldera, se adjudicó el control de los medios de Prisa a través de la empresa Akaishi, creada como pantalla en España, relata Peñaranda en su libro.

Además, hay una serie de medios que mantienen su línea independiente o de oposición, y otros que no son controlados por el gobierno, pero que tampoco lo cuestionan y que “variaron su interés noticioso hacia temas como la farándula, la crónica roja y asuntos vecinales”.

Como dijo el propio Morales, ahora tiene entre un 10 y un 20 por ciento de prensa en contra, y con su reelección cada vez más cerca en las presidenciales del 12 de octubre, todo apunta a que el control seguirá y crecerá.

La venganza ‘K’

Cuando Néstor Kirchner juró como presidente el 25 de mayo del 2003 era el sexto argentino que hacía lo mismo en los dos años previos. En el 2001, el país se hundió en una crisis económica brutal, de la que recién empezó a recuperarse cuando asumió Eduardo Duhalde y continuó con la llegada del caudillo sureño.

Hasta el 2008, las relaciones entre el kirchnerismo y los medios, principalmente con el Grupo Clarín, habían sido “las normales entre un gobierno democrático y un grupo de comunicación privado, e incluso amigables”, cuenta el escritor argentino Marcelo Birmajer en su trabajo Libro de emergencia. La libertad de expresión en la era K (Sudamericana, 2013), donde analiza la relación del kirchnerismo con los medios. Cristina Fernández había reemplazado a su marido en la Presidencia el año anterior, y en el Congreso se discutía el aumento de los millonarios impuestos a las exportaciones de granos, principalmente de la soya.

Algunos medios como Clarín, La Nación o el canal TN cuestionaron y se opusieron al proyecto kirchnerista, y apoyaron a los agricultores y ganaderos, lo que hizo que el gobierno desatara “una batería de acciones contra la prensa independiente en particular y la expresión disidente en general, que llega hasta nuestros días”, señala Birmajer.

Finalmente, el Senado rechazó la iniciativa oficialista y la guerra fue frontal. El autor recuerda dos hechos clave. En el 2009, la batalla estalló cuando, durante un acto político, el expresidente Kirchner le preguntó públicamente al diario Clarín “¿por qué está tan nervioso?”, y aseguró “en nombre de los argentinos” que ya no querían vivir “bajo monopolios mediáticos”. Y el segundo, el 27 de marzo del 2011, el día “emblemático de la conflagración”, cuando piqueteros oficialistas impidieron que circularan Clarín y La Nación.

Luego vino la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como Ley de Medios, aprobada en octubre del 2009 y que entró en vigencia el 19 de octubre del 2013, que estableció que ningún grupo puede poseer más de diez licencias de radio y televisión abierta, lo que afectó directamente a Clarín, que tenía 12.

La administración ‘K’, como se conoce al gobierno, ha creado diarios y radios estatales y levantado grupos comunicacionales privados afines, favoreciéndolos con publicidad estatal.

En su libro, Birmajer señala que el gobierno kirchnerista financia con fondos y criterios “nunca explicitados” a toda la prensa oficialista, al punto que esos medios no necesitan más ingresos que los del gobierno “sin importar la cantidad de espectadores ni de lectores ni los avisos privados”.

El kirchnerismo, además, extorsionó a dueños de supermercados, “en la mayoría, filiales nacionales de capitales multinacionales”, para que retiraran avisos de Clarín y La Nación. La conclusión que saca el escritor argentino sobre la situación en su país podría aplicarse a todos los otros casos descritos: “Eso es un gobierno utilizando el poder del Estado para atentar contra la prensa libre. No cabe otra definición posible”.

Ecuador y su presión a la prensa

En su informe de abril, la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA criticó el acoso y las leyes contra medios en Ecuador, donde el Gobierno, más que comprar medios, los ha atacado por vía legal, como la Ley Orgánica de Comunicación impulsada en el 2013. La semana pasada, el diario ‘Hoy’ se vio obligado a cerrar, luego de 32 años.

GASPAR RAMÍREZ
El Mercurio (Chile)
Santiago.