Arreglo con los maestros le costaría al Gobierno más de $ 4 billones
Aunque Gobierno y Fecode cedieron en sus posiciones, aumento salarial y evaluación impiden acuerdo.
Por: EDUCACIÓN |
Los puntos que siguen dividiendo a las partes son el incremento salarial y la evaluación por competencias. Fecode y el Gobierno volvieron a la mesa de negociación el pasado viernes, tras la mediación de la Defensoría del Pueblo, y luego de que el presidente Juan Manuel Santos pidió aceptar la invitación del defensor Jorge Armando Otálora de restablecer los acercamientos.
Si bien en la nueva mesa hubo avances entre las partes, principalmente porque el Gobierno propuso incrementar el salario de los docentes en un 12 por ciento en cuatro años, lo que equivale a 4,1 billones de pesos adicionales –frente al ofrecimiento del Mineducación de un 10 por ciento–, Fecode aceptó bajarse de una exigencia del 28 por ciento al 16 por ciento.
El Presidente explicó que el aumento del 12 por ciento se suma a los incrementos adicionales que se han hecho en los dos últimos años y a una nueva prima de servicios para los profesores, que corresponde a 15 días hábiles.
La nueva propuesta de incremento, según Santos, equivale a “la mitad del presupuesto del Sena, a la totalidad del presupuesto del Ministerio de Vivienda. Es un esfuerzo inmenso el que estamos haciendo, y lo hacemos con convicción, porque nuestro compromiso es con una mejor educación”.
Pero Jairo Arenas, vocero de Fecode, afirmó que “el aumento del 16 por ciento es una propuesta justa, si se tienen en cuenta los estudios que señalan que la brecha entre los salarios de los maestros y otros profesionales con la misma formación al servicio del Estado es mucho mayor”. (Lea también: Por paro de maestros, menores están viendo sacrificada su alimentación)
Agregó que en el estudio de la Fundación Compartir esa brecha es del 18 por ciento; el del Observatorio Laboral del Ministerio es entre el 19 y el 22 por ciento, y el que Fecode contrató con la Universidad Nacional señala que es del 30 por ciento.
Pero cualquiera sea el aumento salarial, el Gobierno debe acudir a reformar el proyecto de Plan de Desarrollo que cursa en el Congreso y realizar ajustes en sectores sensibles, como acueducto y saneamiento básico y vivienda.
Revisar la evaluación
En cuanto a la evaluación por competencias, el sindicato de los profesores mantiene su solicitud de eliminarla, porque la considera diseñada para que muy pocos la pasen, lo que afecta las posibilidades de ascenso que tienen los docentes. Se estima que del total de profesores que la han presentado solo el 20 por ciento lograron superarla.
“El problema –insiste Arenas– es que esta evaluación está atada al presupuesto anual del Ministerio. Si todos los profesores la presentaran y la pasaran, el Ministerio no tendría recursos para ascenderlos a todos”.
Con la idea de destrabar este punto, el Gobierno ha propuesto mantener la prueba con modificaciones y eliminar el examen escrito. Pero el sindicato rechaza esa posibilidad y propone que el ascenso se dé de acuerdo con el título, la experiencia y la producción académica.
Este lunes, sin embargo, el presidente Santos defendió la evaluación y en ese punto insistió: “No podemos retroceder. Es fundamental para asegurar la calidad de la educación de los niños. Es una herramienta para que los maestros cada vez sean mejores”, dijo. (Lea aquí: 'Es impensable eliminar la evaluación docente')
Cabe recordar que el gobierno de Santos se propuso que Colombia sea el país más educado de América Latina y que, para hacer parte de la Ocde, debe demostrar que tiene una educación de calidad. Por eso, desde 2006 se realizan en el país las pruebas Pisa.
Con la posición del Presidente coinciden expertos en educación, quienes advierten que la solución al tema de la calidad de la educación no es eliminar la evaluación por competencias, pero sí sugieren algunos cambios.
Isabel Segovia, doctora en educación y miembro del consejo directivo de la Fundación Compartir, está de acuerdo en la necesidad de evaluar a los profesores y considera que, si se elimina la evaluación por competencias, “se correría el riesgo de que los docentes asciendan independientemente de sus capacidades. Acá lo que debe contar es la meritocracia, y la evaluación garantiza eso”, señala.
Segovia reconoce que ha sido injusta la forma como se ha venido evaluando a los docentes. “Esta prueba debe realizarse de forma tal que el maestro pueda tener una retroalimentación integral de la misma, que se le informe cuáles son sus debilidades y fortalezas, y en qué está fallando. Además, debe incluir a los estudiantes para medir sus actividades en el aula”, explica.
La experta agrega que la evaluación no necesariamente debe desvincularse de la posibilidad de ascender, “pero sí tiene que ser más clara y mejor administrada”.
Por su parte, Francisco Cajiao, experto en educación, exsecretario de Educación de Bogotá y actual rector de la Universidad Cafam, también está de acuerdo en que se evalúe a los docentes.
“Si se elimina, se pierde un mecanismo de aseguramiento de la calidad de la educación; los más afectados serán los pobres, que no podrán recibir una buena formación”, dijo.
Resalta, no obstante, que la forma de garantizar que los docentes sean idóneos y brinden formación de calidad no puede restringirse a una prueba.
“Ese trabajo debe hacerse desde las facultades de educación, que los seleccionan y los forman; el Estado, además, debe brindar incentivos económicos y sociales para que los mejores estudiantes ingresen a esta carrera”, insiste.
El problema es que, mientras continúa el tire y afloje entre Fecode y el Gobierno, las familias de 900.000 niños y jóvenes, que completaron dos semanas sin ir al colegio, pasan dramas porque no tiene con quién dejarlos en sus casas.
Colombia aplaza las pruebas Pisa
El paro nacional de maestros, que entró en su tercera semana, llevó al Gobierno nacional a tomar la decisión de aplazar indefinidamente la presentación de las pruebas Pisa, que estaban programadas para este martes y miércoles.
Lo cierto es que ya se había advertido que si Colombia, que presenta voluntariamente dichas pruebas, no cumplía con este compromiso internacional, se exponía a sanciones por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde). Pero lo más preocupante es que se perdería el seguimiento a la calidad educativa del país, que comenzó en el 2006.
Estas pruebas se hacen a estudiantes de 15 años que cursan entre séptimo y noveno grado en colegios de públicos y privados. Además, se desarrollan en ciclos trianuales con diferentes énfasis, que pueden variar desde lectura hasta matemáticas o ciencias.
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