Qué no deben hacer los funcionarios desde el 25 de junio hasta el 25 de octubre
Conozca las restricciones de la Ley de Garantías, que rige cuatro meses antes de las elecciones.
Por: ELTIEMPO.COM |
El jueves 25 de junio, justamente cuatro meses antes de las elecciones regionales, comenzó a regir la Ley de Garantías, la cual buscaevitar la participación política de funcionarios y que los recursos públicos favorezcan a las campañas políticas.
Conozca qué se les prohíbe a los servidores públicos en los niveles territoriales departamentales, distritales y municipales.
- Presionar a subalternos o contratistas para que respalden una campaña política.
- Difundir propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido o movimiento político.
- Promover bonificaciones o ascensos que favorezcan a alguna agrupación política.
- Advertir a los usuarios que podrían perder subsidios o cualquier beneficio de la administración pública si no siguen cierta campaña política. Ante esta restricción, Ana María Almario, directora para la Democracia del Ministerio del Interior, aclara que “la administración pública es para todos, sin importar la tendencia política que tengan las personas”.
- Participar en reuniones de carácter proselitista.
- Inaugurar obras públicas o dar inicio a programas de carácter social.
- Asistir a eventos en los que participen candidatos a cualquier corporación.
- Utilizar los bienes de carácter público, como carros, para actividades proselitistas.
- Usar recursos públicos para favorecer alguna campaña política.
- Finalmente, se les prohíbe a alcaldes, gobernadores, gerentes o directores de entidades descentralizadas, celebrar convenios interadministrativos para ejecutar los recursos públicos.
Esta Ley, cuya aplicación terminará el próximo 25 de octubre, no impide a los funcionarios “poder votar o simpatizar con cualquier candidato”, aclara Almario. “Lo que no pueden hacer es, en la investidura del cargo, difundir propaganda electoral de favor de algún partido”, reitera.
Quienes no acaten esta normatividad se someten a sanciones disciplinarias que pueden llegar a la destitución o la pérdida del cargo, concluye la funcionaria.
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El jueves 25 de junio, justamente cuatro meses antes de las elecciones regionales, comenzó a regir la Ley de Garantías, la cual buscaevitar la participación política de funcionarios y que los recursos públicos favorezcan a las campañas políticas.
Conozca qué se les prohíbe a los servidores públicos en los niveles territoriales departamentales, distritales y municipales.
- Presionar a subalternos o contratistas para que respalden una campaña política.
- Difundir propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido o movimiento político.
- Promover bonificaciones o ascensos que favorezcan a alguna agrupación política.
- Advertir a los usuarios que podrían perder subsidios o cualquier beneficio de la administración pública si no siguen cierta campaña política. Ante esta restricción, Ana María Almario, directora para la Democracia del Ministerio del Interior, aclara que “la administración pública es para todos, sin importar la tendencia política que tengan las personas”.
- Participar en reuniones de carácter proselitista.
- Inaugurar obras públicas o dar inicio a programas de carácter social.
- Asistir a eventos en los que participen candidatos a cualquier corporación.
- Utilizar los bienes de carácter público, como carros, para actividades proselitistas.
- Usar recursos públicos para favorecer alguna campaña política.
- Finalmente, se les prohíbe a alcaldes, gobernadores, gerentes o directores de entidades descentralizadas, celebrar convenios interadministrativos para ejecutar los recursos públicos.
Esta Ley, cuya aplicación terminará el próximo 25 de octubre, no impide a los funcionarios “poder votar o simpatizar con cualquier candidato”, aclara Almario. “Lo que no pueden hacer es, en la investidura del cargo, difundir propaganda electoral de favor de algún partido”, reitera.
Quienes no acaten esta normatividad se someten a sanciones disciplinarias que pueden llegar a la destitución o la pérdida del cargo, concluye la funcionaria.
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