Cambios en normas alertan al 78 % de plantas de generación de energía

Cuestionan a la Creg por exceso de regulación y por hacer 'más escaso lo que está escaso'.

11:25 p.m. | 9 de septiembre de 2015

Foto: Archivo particular

A TGI le piden contratos de transporte de gas, pero la Creg no ha aprobado tarifas.

Las ideas del Gobierno, a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), para solucionar la falta de contratos de energía en busca de un precio más eficiente para los diferentes usuarios, en especial los industriales, tienen en alerta a los inversionistas del sector, quienes durante varios años invirtieron, atraídos por la estabilidad en las reglas de juego.

Ahora, con mayores expectativas de que el fenómeno del Niño se prolongue hasta el 2016 y de que se incrementen los precios de la energía en bolsa (que pagan quienes no tienen contratos pactados), varios agentes del mercado eléctrico tienen preocupación por el efecto de las propuestas para resolver el asunto.

Según Eduardo Damián, representante para Colombia de SCL Energía Activa, un fondo de capital privado chileno con inversiones en el sector, las dos fórmulas planteadas dejarían en riesgo de no tener ingresos del cargo por confiabilidad, o de que se les reduzcan, a las plantas que entraron a operar antes del 2006, cuando se creó esta figura.

El experto calcula que bajo la alternativa planteada por la Creg, de hacer subastas anuales en sobre cerrado entre las plantas existentes antes del 2006, dejaría en riesgo al 78 por ciento de las centrales del país.

Lo anterior porque se calcula que a la fecha, de una capacidad instalada de un poco más de 14.000 megavatios, unos 11.000 corresponden a las plantas que entraron antes del 2006, entre las que están no solo las térmicas que hoy sirven de respaldo en bajas condiciones hidrológicas, como las actuales, sino hidroeléctricas emblemáticas como San Carlos, El Guavio o Chivor.

Agrega que si estas plantas se quedan por fuera, durante un año no tendrían los ingresos del cargo por confiabilidad, una bolsa anual de unos 685 millones de dólares con la que se pagan los proyectos nuevos desde el 2006, pero con la que también se remunera anualmente a cada agente la oferta de energía en firme, es decir, la electricidad disponible para despachar.

“Si a Termovalle le quitan el cargo, claro que se quiebra, y no solo se afecta el inversionista, que son fondos de pensiones y entidades multilaterales, sino que son empresas con deuda, y el efecto sería perverso”, agrega.

El experto recordó que el cargo por confiabilidad tiene por objeto dar una estabilidad financiera a las plantas, pero en una subasta anual “todos los años me voy a jugar el pellejo porque puedo quedar en ceros, y ¿qué les digo a los bancos, que ya no les pago?

Ahí pierde sentido el cargo y los proyectos se vuelven no financiables”. Otras fuentes le dijeron a EL TIEMPO que en el mercado las cosas se están poniendo ‘muy duras’, por las ideas que hay para enfrentar un problema de energía costosa y de carencia de contratos, que hoy sienten las industrias y distribuidoras que, tras el Niño de 1997 y 1998, pidieron quedarse por fuera del esquema de contratos, pues al haber mucha agua los precios de la energía en bolsa eran sustancialmente bajos. Pero ahora, cuando hay condiciones de sequía, deben asumir un precio más alto ante la ausencia de esos contratos.

Señales erráticas

Según el proyecto de la Creg, la otra alternativa busca asignar el cargo por confiabilidad al parque existente a través de la división de las centrales en dos grupos: uno de eficientes y otro de no eficientes, en el que estarían las plantas térmicas que se respaldan con líquidos (diésel principalmente) y entre las que se repartiría un remanente del cargo por confiabilidad, lo que las dejaría con un ingreso menor que el actual.

Para Eduardo Damián, esta idea, que apunta a ‘premiar’ a las plantas con mejor tecnología que oferten el menor precio posible, también pondría en riesgo a las centrales térmicas, que hoy, al no tener suficiente gas disponible para generar, se vuelven más costosas, pues deben cumplir su compromiso de generar energía utilizando combustibles líquidos.

Acá el punto radica en que la Creg estaría contradiciendo una señal que dio en el 2006, cuando, en medio de una escasez de gas para generar energía, dio incentivos para que estas plantas fueran duales, es decir, que pudieran operar también con diésel, accediendo al cargo por confiabilidad.

De acuerdo con Damián, las medidas regulatorias de la Creg, en diferentes aspectos, terminan “haciendo más escaso lo escaso”. Por ejemplo, mientras en años pasados definió que el gas se debe comprar en cantidades fijas, dejando un remanente anual sin vender.

Luego, en el 2014, redujo la posibilidad de las centrales térmicas de vender energía por contrato, a raíz de un esquema conocido como el Crom, que consiste en que solo pueden comercializar la energía en función de sus activos, pero ignora que el sector se desarrolló a través de leasing internacional, figura que hace que los patrimonios de las empresas sean muy pequeños.

Venta por contratos no se ha desplomado

Aunque se ha visto una baja en los contratos entre generadores y la demanda, en especial en aquellos respaldados con gas, las cifras muestran que, como porcentaje de la energía transada en el mercado mayorista, los contratos no han caído de forma significativa.

Según cifras de la firma XM, que opera el mercado eléctrico, en lo que va del 2015 el 81 por ciento de la energía comercializada se ha hecho por contratos y un 19 por ciento, a través de la bolsa, niveles casi similares a los del año pasado, que mostraron una relación de 82 por ciento contra el 18 por ciento.

Respecto al 2013 sí hay una reducción de dos puntos porcentuales en la energía vendida por contratos, pero el nivel es superior al del 2012, que fue del 80 por ciento, y al de los años precedentes.

En cuanto a precios, desde el 2010 hasta julio pasado la mayor tarifa de un contrato regulado bordeó en promedio los 80 pesos por kilovatio, mientras que en los no regulados el tope promedio fue cercano a los 63 pesos por kilovatio.

ÓMAR G. AHUMADA ROJAS
Subeditor Economía y Negocios