Departamentos en alerta roja por muerte de líderes sociales
Líderes sociales de Cauca y Antioquia, los más amenazados
6 de julio del 2018
El reciente asesinato de cinco líderes sociales en esta última semana en el país tiene preocupada a las autoridades. Según la Defensoría del Pueblo, en lo que va del 2018 han sido asesinados cerca de 100 defensores de derechos humanos y desde el 2016, 311 han sido víctimas de ataques sicariales por parte de actores armados.
Cauca es donde más líderes han sido asesinados. En ese departamento se reportan 78 muertes violentas de defensores de derechos humanos, muchos de ellos habían denunciado la compleja situación de orden público y cómo las disidencias de las desmovilizadas guerrillas de las Farc se fueron expandiendo por varias regiones del departamento.
Antioquia reporta 43 casos, la mayoría de ellos se han presentado en la región del Bajo Cauca y el norte del departamento. En el tercer puesto se encuentra el departamento de Norte de Santander en donde se han registrado enfrentamientos entre bandas criminales en la región del Catatumbo que ocasionaron un paro armado que generó el desplazamiento masivo de cerca de 6.00 personas. En esta región han sido asesinados 21 líderes sociales.
En cuarto y quinto lugar se encuentran los departamentos de Valle del Cauca y Chocó, con 16 reportes respectivamente.
Ante este panorama, Carlos Negret, defensor del Pueblo, manifestó su preocupación por el aumento en este tipo de hechos y señaló que es prioridad del estado proteger la vida de las personas que se dedican a la defensa de los derechos de los demás, al tiempo que aseguró que el país debe conocer estos casos, para que de esta forma haya un rechazo colectivo de la sociedad hacia los actores armados.
“Lo que la Defensoría ha querido es visibilizar la difícil situación a la que se exponen a diario aquellas personas que son líderes de sus comunidades y que velan por sus derechos”, señaló Negret.
Aunque la entidad señaló que no existe un patrón en todos los crímenes y son diferentes dependiendo de la zona del país, la mayoría son líderes comunales que se oponían a las economías ilegales relacionadas con cultivos de coca y minería.
Pero no desconoce que la expansión del ELN, las disidencias de las Farc y los herederos del paramilitarismo tiene una relación en este aumento de crímenes, ya que se oponen a la restitución de tierras.
Para el defensor es necesario tomar dos acciones: la primera, “no estigmatizar a los líderes sociales por sus causas” y, la segunda, aumentar el presupuesto de la Unidad Nacional de Protección para que pueda brindar seguridad a los que así lo requieran.
Para frenar estos ataques en contra de los defensores y líderes sociales, Guillermo Rivera, ministro del Interior, señaló que se espera poder implementar el modelo de protección colectiva a líderes sociales creado mediante el decreto 660 de 2018 y de esta manera garantizar su seguridad y que sigan ejerciendo su labor de defender a los más necesitados.
Para Ariel Ávila, subdirector de la fundación Paz y Reconciliación, este fenómeno obedece a que el país hoy no cuenta con un modelo de seguridad y justicia rural, situación que hace que estos defensores estén aún más vulnerables del actuar de grupos criminales.
“Se están autorregulando, ellos ponen sus normas de convivencia porque no hay jueces y no hay inspectores de policía, por eso imponen su ley”, señaló Ávila.
Por: KienyKe
kienyke.com
6 de julio del 2018
El reciente asesinato de cinco líderes sociales en esta última semana en el país tiene preocupada a las autoridades. Según la Defensoría del Pueblo, en lo que va del 2018 han sido asesinados cerca de 100 defensores de derechos humanos y desde el 2016, 311 han sido víctimas de ataques sicariales por parte de actores armados.
Cauca es donde más líderes han sido asesinados. En ese departamento se reportan 78 muertes violentas de defensores de derechos humanos, muchos de ellos habían denunciado la compleja situación de orden público y cómo las disidencias de las desmovilizadas guerrillas de las Farc se fueron expandiendo por varias regiones del departamento.
Antioquia reporta 43 casos, la mayoría de ellos se han presentado en la región del Bajo Cauca y el norte del departamento. En el tercer puesto se encuentra el departamento de Norte de Santander en donde se han registrado enfrentamientos entre bandas criminales en la región del Catatumbo que ocasionaron un paro armado que generó el desplazamiento masivo de cerca de 6.00 personas. En esta región han sido asesinados 21 líderes sociales.
En cuarto y quinto lugar se encuentran los departamentos de Valle del Cauca y Chocó, con 16 reportes respectivamente.
Ante este panorama, Carlos Negret, defensor del Pueblo, manifestó su preocupación por el aumento en este tipo de hechos y señaló que es prioridad del estado proteger la vida de las personas que se dedican a la defensa de los derechos de los demás, al tiempo que aseguró que el país debe conocer estos casos, para que de esta forma haya un rechazo colectivo de la sociedad hacia los actores armados.
“Lo que la Defensoría ha querido es visibilizar la difícil situación a la que se exponen a diario aquellas personas que son líderes de sus comunidades y que velan por sus derechos”, señaló Negret.
Aunque la entidad señaló que no existe un patrón en todos los crímenes y son diferentes dependiendo de la zona del país, la mayoría son líderes comunales que se oponían a las economías ilegales relacionadas con cultivos de coca y minería.
Pero no desconoce que la expansión del ELN, las disidencias de las Farc y los herederos del paramilitarismo tiene una relación en este aumento de crímenes, ya que se oponen a la restitución de tierras.
Para el defensor es necesario tomar dos acciones: la primera, “no estigmatizar a los líderes sociales por sus causas” y, la segunda, aumentar el presupuesto de la Unidad Nacional de Protección para que pueda brindar seguridad a los que así lo requieran.
Para frenar estos ataques en contra de los defensores y líderes sociales, Guillermo Rivera, ministro del Interior, señaló que se espera poder implementar el modelo de protección colectiva a líderes sociales creado mediante el decreto 660 de 2018 y de esta manera garantizar su seguridad y que sigan ejerciendo su labor de defender a los más necesitados.
Para Ariel Ávila, subdirector de la fundación Paz y Reconciliación, este fenómeno obedece a que el país hoy no cuenta con un modelo de seguridad y justicia rural, situación que hace que estos defensores estén aún más vulnerables del actuar de grupos criminales.
“Se están autorregulando, ellos ponen sus normas de convivencia porque no hay jueces y no hay inspectores de policía, por eso imponen su ley”, señaló Ávila.
kienyke.com
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