Reformar la Justicia colombiana para beneficiar al ciudadano de a pie

Reforma a la Justicia, pero...

Por Ignacio Rafael Escudero Fuentes

Abogado Especialista en Instituciones Jurídico – Políticas y Derecho Público, de la Universidad Nacional de Colombia.

Docente del Programa de Administración Pública de la Universidad de La Guajira

 Ignacio Rafael Escudero Fuentes

No se discute que, la introducción de parámetros dentro de las constituciones que determinen su modificación, garantiza el hecho que el texto mismo sea perdurable, pues una constitución, debido a las diferentes mutaciones que sufre la sociedad civil dentro de un Estado determinado, “ha de ser necesariamente modificable” (Ruiperez
1992, pág. 235).

Lo que no está bien es que, las reformas sean producto de la polarización partidista, y
no, para resolver los problemas que aquejan al ciudadano de a pie.

Al final los cambios quedan sumergidos en la agenda partidista de unos y otros, todos buscando tragar más saliva y no, para resolver los problemas de los ciudadanos colombianos, con la acción de una justicia pronta, imparcial y cumplida.

Así, se pueden hacer todas las reformas que quieran. ¡No esperemos nada diferente!

Esto sería lo grave, pero probable teniendo en cuenta que el único mecanismo que ha operado en Colombia, desde que entró en vigencia la Constitución de 1991, es mediante Acto Legislativo expedido por el Congreso, corporación donde están atrincherado los bandos que no inspiran confianza y menos aún, respeto para pensar en una verdadera reforma que apunte a la solución de los gravísimos problemas por los que atraviesa la justicia en Colombia.

Es irrebatible que la justicia está en crisis, y lo está, por la altísima tasa de impunidad de
delitos, (94 por ciento).

Según el informe revelado recientemente por la Contraloría General de la República, un millón 800 mil procesos se acumularon de 2018 a 2019. Este número subió a un millón 900 mil, de 2019 a 2020. O sea que, en vez de reducirse, aumentó la congestión judicial.

Lo mismo constata la Corporación Excelencia en la Justicia, que señala que la congestión ha aumentado de un 44 por ciento en 2010 a 52,5 por ciento en 2019.

Las anteriores razones, hacen necesario y urgente una reforma, pero no, la que se está
planteando.

Existe un Proyecto de Acto Legislativo, -reforma de la Constitución– del Ministerio de Justicia, enfocado en reformar los siguientes aspectos:

.Requisitos y periodos de los magistrados
.Suspensión y acelerar el juzgamiento de éstos, en casos que afecten la credibilidad de la justicia
.Dejar de judicializar algunas conductas
.Plan de Descongestión, que se implementaría a tres años.

Otro Proyecto, es una Ley Estatutaria que propone el Consejo Superior de la Judicatura, el cual pretende:

.Autonomía Presupuestal de la Rama Judicial
.Mayor presupuesto
.Fortalecimiento de la Carrera Judicial
.Regular algunos aspectos pendientes desde 2015, tales como conformar la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que sanciona a jueces, fiscales y abogados.

Un tercer Proyecto, mediante Ley Ordinaria, que está centrado en mejorar el acceso a
la justicia y que ésta llegue más, a los espacios local y rural.

Algunos sectores, proponen la creación de una Corte Única, mientras que otros, proponen mantener las existentes y convertir al Consejo Nacional Electoral, en otra Corte que se dedique judicialmente a dirimir los conflictos que se generan, como consecuencia de los procesos electorales en el país.

Lo cierto es que, cualquier reforma que emane del Congreso, no es confiable ni inspira
respeto. Sería importante ensayar por vía Referendo o Asamblea Nacional Constituyente, prevista en la Constitución de 1991, Artículo 374, pero es poco probable.

Consideramos, salvo opinión en contrario que, uno  los problemas, –porque son varios problema de la justicia colombiana-, es la manera como se escogen los magistrados de las altas cortes, sobre todo la Constitucional, y el Fiscal General de la Nación.

Hay que despolitizar la justicia e implementar el expediente digital, o el ‘salto virtual’ al que nos llevó la pandemia del COVID 19, para avanzar en otras estrategias, que permitiría que los procesos dejen de ser enormes expedientes de papel, para estar en medios virtuales.

Es una magnífica oportunidad la que nos trajo la pandemia. El uso de nuevas tecnologías
como Inteligencia Artificial que, mediante otros mecanismos como la creación de
nuevos despachos judiciales o la expansión de infraestructura física de la rama. Esto, a la
fecha no ha resuelto nada.

Adenda 1:
Desde el año 2002, se ha intentado reformar la justicia 18 veces y se han caído en el Congreso, por falta de consenso.

Adenda 2:
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),
organización internacional a la que Colombia ingresó el 28 de abril 2020, y cuya misión
es diseñar mejores políticas que favorezcan la prosperidad, la igualdad, las
oportunidades y el bienestar para todas las personas, recomienda que haya 65 jueces
por cada 100.000 habitantes. En Colombia actualmente hay menos de 11.

¡Difícil así, tener pronta y cumplida justicia!

Título Original: 'Reforma a la Justicia, pero...'