Cadena, - compañía especializada en confianza digital -, explica los efectos negativos en el Sector Transporte, el dejar de actualizar el SARLAFT

 

Hasta $2.600 millones: el costo de no actualizar el SARLAFT en el sector transporte

Las empresas del sector transporte que no ajusten sus sistemas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo podrían enfrentar sanciones millonarias. 

La actualización del SARLAFT por parte de la Superintendencia de Transporte elevó el nivel de exigencia para compañías de carga, pasajeros, transporte especial, concesionarios e infraestructura.

El régimen sancionatorio aplicable a las empresas vigiladas por la Superintendencia, contempla multas de hasta 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 336 de 1996 (Estatuto Nacional del Transporte). 

Esto significa que, dependiendo de la gravedad de la infracción y la valoración que haga la autoridad, las sanciones podrían superar los $2.600 millones, tomando como referencia el salario mínimo actual. 

La cuantía final se determina caso a caso, según criterios como reincidencia, impacto y capacidad económica del infractor.

¿Qué cambió con la actualización?

La nueva regulación no sólo amplía el alcance de las empresas obligadas, sino que introduce ajustes sustanciales en la forma en que deben gestionar el riesgo:

●Enfoque basado en riesgo real y medible: las matrices deben estar soportadas en datos y actualizarse periódicamente.

●Debida diligencia reforzada: mayor profundidad en el conocimiento de clientes, proveedores y aliados estratégicos.

●Monitoreo permanente y trazabilidad: las empresas deben demostrar evidencia verificable de controles activos, no solo políticas documentales.

●Integración con programas de ética empresarial (PTEE): el riesgo de lavado ya no se analiza de forma aislada, sino articulado con corrupción y soborno.

●Mayor responsabilidad de la alta dirección: el sistema debe estar respaldado por órganos de gobierno corporativo.

En otras palabras, el SARLAFT deja de ser un manual para convertirse en un sistema vivo que debe probar funcionamiento ante auditorías o investigaciones.

No solo multas: riesgo operativo y reputacional

Además de las sanciones económicas el incumplimiento puede derivar en suspensión de actividades, cancelación de habilitaciones, restricciones para contratar con el Estado, investigaciones administrativas que afectan reputación y acceso a financiamiento. 

Para Cadena, compañía especializada en confianza digital y cumplimiento normativo, el impacto va más allá de la sanción monetaria. 

“El regulador ahora exige evidencia técnica y jurídica de que los controles funcionan. La trazabilidad digital y la validez probatoria de los procesos electrónicos se vuelven determinantes para mitigar el riesgo sancionatorio”, explica Manuel del Corral Vicepresidente de la compañía.

Cumplimiento como blindaje financiero

Desde Cadena advierten que muchas empresas aún están en proceso de ajuste y podrían subestimar la dimensión del riesgo. 

“El error más común es creer que el SARLAFT se resuelve con un documento. Hoy se trata de demostrar monitoreo, auditoría y capacidad de respuesta. Las cifras de las multas son contundentes, pero el verdadero riesgo está en la afectación operativa y reputacional”, señala del Corral.

En un sector estratégico para la economía colombiana y altamente transaccional, el fortalecimiento del cumplimiento normativo se perfila como un factor clave de competitividad y sostenibilidad empresarial.

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