La Guajira: El Niño, los niños y el Estado
Solo por el fenómeno de El Niño, gracias a él, se han vuelto visibles la miseria y el abandono de los menores.
DÓNDE ESTÁ LA BOLITA | AGOSTO 11 DE 2014Escrito por Carlos Obregon
Periodista y Comunicador Social, oficios que no he concluido de aprender. Señales digitales: @caobregonSOBRE EL BLOG
Este blog intentará hacer análisis de coyuntura sin ser ladrilludo; botar muchos datos políticos sin competir con el vecindario y ocuparse de temas más amables cuando la ocasión lo permita.
DÓNDE ESTÁ LA BOLITA | AGOSTO 11 DE 2014Escrito por Carlos Obregon
Periodista y Comunicador Social, oficios que no he concluido de aprender. Señales digitales: @caobregonSOBRE EL BLOGEste blog intentará hacer análisis de coyuntura sin ser ladrilludo; botar muchos datos políticos sin competir con el vecindario y ocuparse de temas más amables cuando la ocasión lo permita.
El discurso presidencial no dedicó una palabra a cambio climático ni a políticas de medio ambiente, pero el primer acto del presidente fue viajar al día siguiente a La Guajira. Allí la sequía ha sido fuerte como consecuencia del hecho de que el promedio de lluvias ha descendido desde 2012. Este año no ha llovido. Pero en La Guajira, en el desierto, pero también en Riohacha está aumentando la muerte de niños por desnutrición.
La situación de sequía y las muertes de los menores han sido presentados como si hubiera una relación directa de uno con lo otro. El riesgo de que se maquille el fondo del problema de la situación crítica de los niños guajiros está en echarle la culpa a la sequía. Solo por el fenómeno de EL Niño, gracias a él, se han vuelto visibles la miseria y el abandono de esos menores, que se están muriendo de lo mismo que se mueren los nukak-makú, los emberá-katíos o los niños de las mujeres desplazadas del Pacífico que golpean a las puertas de los hogares comunitarios del sur de Bogotá con niños por debajo del peso y la talla ideales.
Según el Dane, entre 2008 y 2013, en La Guajira oficialmente murieron 2.969 niños menores de cinco años: 278 por desnutrición; los restantes por patologías asociadas a falta de prevención o atención oportuna de los servicios de salud. En esos mismos años murieron en el feto 1.202, lo cual suma más de 4.100 casos. En el primer semestre de este año los reportes dan cuenta de 15 más, pero pueden ser más por el subregistro que reconoce la Superintendencia de Salud. Entre ese tiempo y el presente el país tuvo una Niña que inundó medio país.
En el caso de La Guajira parece que todo conspirara contra las evidencias de miseria de sus habitantes. En abril de este año el Consejo seccional de la Judicatura rechazó una tutela del secretario de Planeación del Departamento que pedía el amparo de los derechos de los menores. Cada entidad nacional tuvo una disculpa o le pasó el balón a la otra como hizo el Departamento de Prosperidad Social al señalarle obligaciones específicas a Bienestar Familiar.
Por eso, al resolver la tutela, la presidenta del Tribunal, Ana Tulia Lamboglia, concluyó que“pese a que la situación del Departamento de la Guajira es crítica en muchos aspectos, en el caso que nos ocupa no existen suficientes elementos de juicio para determinar en esta oportunidad, que tiene ocurrencia un estado de cosas inconstitucionales que implique tomar una multiplicidad de medidas protectoras de los derechos fundamentales invocados, ello, en coordinación con múltiples entidades públicas y privadas”.
Lo que sí coincide con esta situación de miseria de menores y ancianos –por cada niño menor de 5 años muere también un anciano por desnutrición, según las cifras de planeación departamental—es el desbarajuste institucional del departamento: un gobernador preso por vínculos con mafias del contrabando, unos recursos de regalías que nadie explica dónde están y una representación congresional que pelea por quedarse con el Bienestar Familiar pero no hace un debate de fondo. En la Cámara la pelea la ha dado la representante Ángela Robledo que ha cuestionado la indiferencia institucional del Estado así como la responsabilidad social de las empresas que explotan las minas de carbón.
Hoy es La Guajira. Ayer fue el Casanare. Antes de ayer Yopal. Antes de ese antes Santa Marta. Al mismo tiempo de ese ayer, Putumayo y Chocó.
La situación de sequía y las muertes de los menores han sido presentados como si hubiera una relación directa de uno con lo otro. El riesgo de que se maquille el fondo del problema de la situación crítica de los niños guajiros está en echarle la culpa a la sequía. Solo por el fenómeno de EL Niño, gracias a él, se han vuelto visibles la miseria y el abandono de esos menores, que se están muriendo de lo mismo que se mueren los nukak-makú, los emberá-katíos o los niños de las mujeres desplazadas del Pacífico que golpean a las puertas de los hogares comunitarios del sur de Bogotá con niños por debajo del peso y la talla ideales.
Según el Dane, entre 2008 y 2013, en La Guajira oficialmente murieron 2.969 niños menores de cinco años: 278 por desnutrición; los restantes por patologías asociadas a falta de prevención o atención oportuna de los servicios de salud. En esos mismos años murieron en el feto 1.202, lo cual suma más de 4.100 casos. En el primer semestre de este año los reportes dan cuenta de 15 más, pero pueden ser más por el subregistro que reconoce la Superintendencia de Salud. Entre ese tiempo y el presente el país tuvo una Niña que inundó medio país.
En el caso de La Guajira parece que todo conspirara contra las evidencias de miseria de sus habitantes. En abril de este año el Consejo seccional de la Judicatura rechazó una tutela del secretario de Planeación del Departamento que pedía el amparo de los derechos de los menores. Cada entidad nacional tuvo una disculpa o le pasó el balón a la otra como hizo el Departamento de Prosperidad Social al señalarle obligaciones específicas a Bienestar Familiar.
Por eso, al resolver la tutela, la presidenta del Tribunal, Ana Tulia Lamboglia, concluyó que“pese a que la situación del Departamento de la Guajira es crítica en muchos aspectos, en el caso que nos ocupa no existen suficientes elementos de juicio para determinar en esta oportunidad, que tiene ocurrencia un estado de cosas inconstitucionales que implique tomar una multiplicidad de medidas protectoras de los derechos fundamentales invocados, ello, en coordinación con múltiples entidades públicas y privadas”.
Lo que sí coincide con esta situación de miseria de menores y ancianos –por cada niño menor de 5 años muere también un anciano por desnutrición, según las cifras de planeación departamental—es el desbarajuste institucional del departamento: un gobernador preso por vínculos con mafias del contrabando, unos recursos de regalías que nadie explica dónde están y una representación congresional que pelea por quedarse con el Bienestar Familiar pero no hace un debate de fondo. En la Cámara la pelea la ha dado la representante Ángela Robledo que ha cuestionado la indiferencia institucional del Estado así como la responsabilidad social de las empresas que explotan las minas de carbón.
Hoy es La Guajira. Ayer fue el Casanare. Antes de ayer Yopal. Antes de ese antes Santa Marta. Al mismo tiempo de ese ayer, Putumayo y Chocó.
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