Contraloría General detectó Desdén Administrativo en el Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar
*Durante las vigencias 2014 y 2016 la ejecución del Consejo Seccional fue de cero en el mantenimiento y ejecución de obras.
*Esto a pesar de contar con diagnósticos que demostraban la necesidad apremiante de invertir recursos en las instalaciones del Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar.
*En esas mismas vigencias 2014-2017 se apropiaron recursos importantes en el rubro de inversión (cercanos a los $9.000 millones de pesos), los cuales se dejaron de ejecutar por parte del Consejo Superior de la Judicatura.
*En contraste con la ineficiente ejecución del presupuesto de inversión, el Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar ha realizado pagos por arrendamiento que ascienden a un valor de $5.841 millones.
Como desarrollo de la denuncia de un veedor ciudadano, la Contraloría General de la República evaluó la gestión fiscal del Consejo Seccional de la Judicatura de Valledupar, encontrando deficiencias en la ejecución de los recursos apropiados en su presupuesto.
Esta situación representa un uso antieconómico de los recursos públicos que pese a estar disponibles no son ejecutados en su totalidad.
Durante el periodo comprendido entre 2014 y 2017, la Seccional contó con apropiaciones presupuestales por $220.730 millones de pesos.
De estos recursos, $216.842 millones (98.2%) fueron apropiados para gastos de funcionamiento, mientras que $3.888 millones (1,8%) se dirigieron a los diversos proyectos de inversión gestionados por el Consejo Superior de la Judicatura.
No obstante ello, se observa que en la ejecución presupuestal para el rubro de inversión no ha existido un eficiente empleo de los recursos apropiados por el Consejo Superior de la Judicatura Seccional Cesar, pues existe una ejecución de sólo el 21.6% del total de $3.888 millones de pesos que fueran apropiados en dicho periodo (2014-2017).
Durante las vigencias 2014 y 2016 su ejecución fue cero (0) en el mantenimiento y ejecución de obras, a pesar de contar con diagnósticos que demostraban la necesidad apremiante de invertir recursos en las instalaciones del Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito de Valledupar que datan desde el 2011[1], generando ineficiencia en la gestión administrativa por parte de la Seccional.
En contraste con la ineficiente ejecución del presupuesto de inversión, el Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar ha realizado pagos por arrendamiento que ascienden a un valor de $5.841 millones.
Desorden administrativo
Frente a este tema es relevante recordar que durante las mismas vigencias 2014-2017 se apropiaron recursos importantes en el rubro de inversión (cercanos a los $9.000 millones de pesos) los cuales se dejaron de ejecutar por parte del Consejo Superior de la Judicatura, pudiendo estos contribuir a solventar falencias institucionales como la señalada.
Gracias a la denuncia de la ciudadanía, la Contraloría encontró un serio desorden administrativo de la seccional en inventarios y carpetas de expedientes, contrato de arrendamientos sin garantías, contratos sin liquidar, lo que condujo a que estas situaciones fueron puestas en conocimiento de la autoridad disciplinaria correspondiente.
*Esto a pesar de contar con diagnósticos que demostraban la necesidad apremiante de invertir recursos en las instalaciones del Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar.
*En esas mismas vigencias 2014-2017 se apropiaron recursos importantes en el rubro de inversión (cercanos a los $9.000 millones de pesos), los cuales se dejaron de ejecutar por parte del Consejo Superior de la Judicatura.
*En contraste con la ineficiente ejecución del presupuesto de inversión, el Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar ha realizado pagos por arrendamiento que ascienden a un valor de $5.841 millones.
Como desarrollo de la denuncia de un veedor ciudadano, la Contraloría General de la República evaluó la gestión fiscal del Consejo Seccional de la Judicatura de Valledupar, encontrando deficiencias en la ejecución de los recursos apropiados en su presupuesto.
Esta situación representa un uso antieconómico de los recursos públicos que pese a estar disponibles no son ejecutados en su totalidad.
Durante el periodo comprendido entre 2014 y 2017, la Seccional contó con apropiaciones presupuestales por $220.730 millones de pesos.
De estos recursos, $216.842 millones (98.2%) fueron apropiados para gastos de funcionamiento, mientras que $3.888 millones (1,8%) se dirigieron a los diversos proyectos de inversión gestionados por el Consejo Superior de la Judicatura.
No obstante ello, se observa que en la ejecución presupuestal para el rubro de inversión no ha existido un eficiente empleo de los recursos apropiados por el Consejo Superior de la Judicatura Seccional Cesar, pues existe una ejecución de sólo el 21.6% del total de $3.888 millones de pesos que fueran apropiados en dicho periodo (2014-2017).
Durante las vigencias 2014 y 2016 su ejecución fue cero (0) en el mantenimiento y ejecución de obras, a pesar de contar con diagnósticos que demostraban la necesidad apremiante de invertir recursos en las instalaciones del Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito de Valledupar que datan desde el 2011[1], generando ineficiencia en la gestión administrativa por parte de la Seccional.
En contraste con la ineficiente ejecución del presupuesto de inversión, el Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar ha realizado pagos por arrendamiento que ascienden a un valor de $5.841 millones.
Desorden administrativo
Frente a este tema es relevante recordar que durante las mismas vigencias 2014-2017 se apropiaron recursos importantes en el rubro de inversión (cercanos a los $9.000 millones de pesos) los cuales se dejaron de ejecutar por parte del Consejo Superior de la Judicatura, pudiendo estos contribuir a solventar falencias institucionales como la señalada.
Gracias a la denuncia de la ciudadanía, la Contraloría encontró un serio desorden administrativo de la seccional en inventarios y carpetas de expedientes, contrato de arrendamientos sin garantías, contratos sin liquidar, lo que condujo a que estas situaciones fueron puestas en conocimiento de la autoridad disciplinaria correspondiente.
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