El ABC De Agro Ingreso Seguro
Tanta literatura que le insuflaron al programa impregnada de falacia, no era otra cosa que un sofisma de distracción para lograr su objetivo preconcebido, como era desfalcar al fisco nacional
Tres lustros después que el gobierno del presidente Cesar Gaviria Trujillo (1990 -1994) pusiera en marcha la caprichosa y atolondrada Apertura Económica (AE) o comercial, decretada en 1991 que dio origen al embeleco de los Tratados de Libre Comercio (TLC), sin prever que el país no estaba preparado en infraestructura, para entrar a competir en igualdad de condiciones con países de sólidas bases comerciales en sus distintos sectores productivos.
Este es el caso del primer país más industrializado de la época que era Estados Unidos de América (EUA) con quien se firmó el primer TLC, lo que implica en gran medida que Colombia pasara de importar 700.000 toneladas de alimentos en 1990 más de 14 millones actualmente, de los que se consumen internamente.
La administración del primer mandatario de la nación, Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), quiso darle un paliativo al sector del campo por haber sido el más golpeado, el más damnificado con la política económica adoptada por Gaviria Trujillo, diseñando el Programa Agro Ingreso Seguro (AIS), con el aparente propósito de mejorar la competitividad y adelantar procesos de reconversión de los productores del sector agropecuario, proteger y fortalecer sus ingresos durante un periodo de transición, en el desarrollo del TLC suscrito por Colombia con el gobierno norteamericano, destinándose $500 mil millones anuales cuyo discrecional manejo estaría a cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. que ascendería a un monto de recursos estimados en $5,63 billones, siendo su horizonte de diez años (2007-2017) de acuerdo con la Ley 1133 de 2007.
El espíritu de la intención fue bueno, pero resultó más costoso el remedio que la enfermedad.¡Que frustración, por decir lo menos!
Al proyecto le cayó la roya en menos de lo que canta un gallo. De esos diez años de ejecución, solo logró andar menos de tres años, porque la codicia del enriquecimiento ilícito de quienes estaban a cargo del programa en cabeza del ministro de Agricultura, Andrés Felipe Aria Leiva, lo hizo abortar con la complacencia del señor presidente de turno.
Resultó más nociva la medicina que la enfermedad padecida por los pequeños trabajadores del campo. Tanto las metas como los logros proyectados, se fueron por la alcantarilla de la corrupción.
Siendo que el sector más sensible en los procesos de integración con la economía mundial, mediante la negociación de los tratados bilaterales de libre comercio, es el agropecuario debido a las distorsiones generadas por los subsidios y los hábitos de consumo a nivel internacional, el Gobierno Nacional expidió la ley antes citada, enmarcada supuestamente para promover la productividad y competitividad, reducir la desigualdad en el campo y preparar al sector agropecuario para enfrentar el reto de la globalización de la economía, propendiendo por el ordenamiento productivo y la empresarización del campo.
Este proyecto se concibe teniendo en cuenta 'El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 Estado Comunitario: Desarrollo para todos', que establecía la estrategia de “Crecimiento alto y Sostenible” con una serie de lineamientos de políticas a través de las cuales se buscaba consolidad el crecimiento y mejorar la competitividad al sector agropecuario.
Para ello se ejecutaría a través de dos componentes:
1) Apoyo a la Competitividad (APC)
2) Apoyo Económico Sostenible (AES)
Con el primero, supuestamente, se buscaba preparar al sector agropecuario para enfrentar la mayor exposición de la producción nacional a la competencia de los productos agroalimentarios, y con el segundo se trataría de proteger los ingresos de los productores durante diez años de ejecución del programa periodo de transición.
Tanta literatura que le insuflaron al programa impregnada de falacia, no era otra cosa que un sofisma de distracción para lograr su objetivo preconcebido, como era desfalcar al fisco nacional, o como señaló oportunamente el profesor universitario Ricardo Bonilla: “AIS no es un error, es una política que buscaba exactamente los resultados que obtuvo, estafar al Estado”. Todo fue un espejismo y deslumbración literaria.
Los principales instrumentos de política del Programa AIS que se implementaron fueron: Línea Especial de Crédito (LEC) con tasa de interés más baja del mercado, DTF – 20% hasta 3 años de gracia y 15 años para pagar el crédito; Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), y Certificado de Incentivo Forestal (CIF) a manera de los Certificados de Reembolso Tributario (CRT) a las exportaciones que se prestaron para estafar las arcas oficiales por ficticias exportaciones; Convocatoria Pública de Riesgo y Drenaje (CPRD), que apoyarían proyectos con finalidad de dar un manejo adecuado al recurso hídrico; Incentivo a la Asistencia Técnica (IAT), para apoyar hasta en un 80% los costos de este servicio profesional en la formulación de proyectos y demás asesorías necesarias para lograr su aprobación.
Da escozor e indignación conocer que el programa para beneficiar a la población dedicada al agro, fue premeditado para atender compromisos políticos y favorecer a los amigos afectos del gobierno.
Tan pronto estalla el escándalo en 2009 el señor Javier Enrique Romero, exdirector de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, durante el juicio que se adelantaba por las irregularidades, reconoció bajo la gravedad del juramento, la existencia de un plan para ocultar la verdad de los delitos, pues el entonces secretario jurídico del Ministerio, Oskar Schroeder Müller, con la anuencia del ministro Arias Leiva, elaboró un documento en el que se establecía lo que tenían que decir ante las autoridades los implicados cuando fueran citados en el marco de las investigaciones penales y disciplinarias, pautando unos 'códigos de honor', por ejemplo que nadie hablara mal del otro.
En este sentido la idea era que todos convocados dieran una misma versión y así ocultar toda la información por los hechos materia de investigación. Dicho y hecho, cuando rindieron declaraciones en enero de 2010, los testigos declararon basándose en el documento redactado por el doctor Oskar Schroeder.
De igual manera se armó un entramado por medio del cual todo oscilaba alrededor de la subrepticias órdenes y control del ministro Andrés Felipe Arias con la confabulación de su jefe inmediato, el presidente Uribe Vélez.
Se nombró un grupo técnico de personas para el desarrollo del programa designando el doctor Arias Leiva como encargado del grupo a Juan Camilo Salazar. Así mismo se creó la Unidad Coordinadora de AIS, encargando al abogado Julio César Daza, al igual que fue Arias quien determinó que el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), diferente al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), sería el encargado de acompañar al programa para la entrega de los apoyos al campo, pero resulta que a pesar que las personas que integraban estos organismo no eran funcionarios del ministerio, actuaban como tal, incluso los ubicaron en el mismo piso donde despachaba el ministro Arias, oficina en la que se estructuraba y desarrollaba el proyecto.
Todos los documentos emanados de esas tres oficinas debían pasar por el despacho del ministro y sólo el jefe de la cartera era el encargado de dar las órdenes. El poder omnímodo en manos del señor Arias Leiva.
En ese corto tiempo que operó el programa, se manejaron 1,4 billones de pesos que fueron a parar en manos de ricos, paras, y amigos del gobierno de turno que recibieron recursos públicos, algunos como regalos y otros como subsidios (donaciones) o a través de mecanismos amañados para justificar la dilapidación de dineros del erario oficial, tal fue no convocar a licitación pública para la puesta en marcha del convenio interadministrativo entre el Ministerio y el IICA, pese a los montos de dinero que se iban a manejar y el objeto del mismo.
Así como no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se venza, de igual manera, salvo caso excepcional, no hay crimen ni delito que no se descubra, cuando los organismos de control y vigilancia se lo proponen.
En este enmarañado hecho de corrupción, tanto la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación, como la Corte Suprema de Justicia y la Contraloría General de la República se pusieron las pilas en las investigaciones, concluyendo que AIS no fue un error, sino una política fraudulenta que dio los resultados que buscaba; que ese estafador programa se hizo violando la ley, condenando a Andrés Felipe Arias Leiva, a su viceministro, a otros funcionarios y a algunos particulares favorecidos.
Esbozado de manera esquemática, pero con informaciones de fuente acreditada, el 'modo operandis' del programa AIS para lograr los espurios objetivos del ministro de Agricultura del presidente Álvaro Uribe Vélez, en quien tenía depositada toda su confianza hasta promover su candidatura presidencial para que lo sucediera en el poder y de ahí le valió el remoquete de 'Uribito'.
Conozcamos la bitácora judicial del caso por el cual lo condenaron:
En octubre de 2019 la revista 'Cambio' denunció irregularidades en el programa Agro Ingreso Seguro por haber entregado millonarios subsidios a terratenientes, narcotraficantes, figuras de la vida nacional y personas adineradas que no lo requerían.
Lo que supuestamente se replicó con el programa 'Colombia, el Agro Produce', en el gobierno de Iván Duque Márquez a través de Finagro, presidido por Luis Dussan López, en que implicaban al ministro de agricultura, Rodolfo Enrique Zea, beneficiando a personas que no lo necesitaban, tanto que al destaparse la cloaca, algunos favorecidos corrieron a devolver lo recibido en la suma de $50 mil millones.
A raíz del cuestionamiento de la revista 'Cambio', apresuradamente, ese mismo mes, el Ministerio de Agricultura suspendió la ejecución del programa AIS y ordenó al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, iniciar una auditoria para determinar si hubo irregularidades en el proceso de selección de beneficiaros, actitud del ministro Arias que se calificó de cínica, puesto que nadie más que él sabía que estaba plagada de vicios legales desde su formulación.
En noviembre de 2009 Arias es citado al Congreso para adelantarle una moción de censura, la cual no prosperó por la influencia del Ejecutivo, pero en diciembre la Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el exministro Arias Leiva por su participación en la adjudicación de subsidios.
En octubre de 2010 este mismo organismo de control y vigilancia le formula pliego de cargos. El 19 de julio de 2011 la Procuraduría lo encontró culpable, destituyéndolo e inhabilitándolo por 16 años para ejercer cargos públicos.
Así como el Ministerio Público consideró que hubo omisiones en el trámite de los convenios firmados con el IICA, encargado de ejecutar el programa AIS manipulado por el exministro Arias, considerando la fiscal Viviane Morales que el servidor público utilizó el programa como “plataforma política para su campaña presidencial”, como precandidato por el partido conservador, pero de las entrañas de Uribe Vélez.
El 21 de julio le imputó los delitos de peculado en favor de terceros y la firma de contratos sin cumplir los requisitos legales propiciando fraccionamiento ficticio de predios, la entrega irregular de subsidios para el mismo grupo familiar en detrimento del erario público a título de dolo, superando los $15 mil millones, según la Fiscalía, por lo que el Tribunal Superior de Bogotá le dictó medida de aseguramiento, siendo recluido en las instalaciones militares del Cantón Norte.
En virtud a que la defensa, el 12 de marzo de 2013, pidió su libertad por no ser probada su responsabilidad, no ser un riesgo para la sociedad, ni sus actuaciones obstruirían la labor de la justicia; el 14 del mes y mismo año el Tribunal Superior de Bogotá, le concedió la libertad después de dos años de reclusión en el Cantón Norte.
El 3 de julio de 2014 la Corte Suprema de Justicia lo halló culpable por los delitos de celebración indebida de contratos y por peculado a favor de terceros, por lo que esa alta Corte lo condenó en única instancia por 17 años y 4 meses de prisión y una multa de 50.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) e inhabilitado para desempeñar cargos públicos por 16 años.
Previo olfateo de dicha condena, Andrés Felipe Arias se fugó con su familia hacia Estados Unidos el 11 de julio de 2014, país que en mayo de 2015 le concedió temporalmente asilo. Sin embargo, el 24 de agosto de 2016 un juez del Norte atendió la solicitud de extradición del gobierno colombiano y captura a Arias, pero el 17 de noviembre de 2016 el juez JHON O. SULLIVAN le concede el beneficio de libertad bajo fianza, con restricciones de movilidad y previo pago de una caución por 10.000 dólares. No obstante, este mismo juez de la Corte de Miami, en noviembre de 2017 ordenó enviarlo a prisión y declaró “viable” su extradición hacia Colombia.
El 12 de julio de 2019, el exministro de Agricultura del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que se encontraba privado de la libertad en una prisión de Florida, llegó extraditado de Estados Unidos, luego que una Corte de Atlanta rechazara la apelación interpuesta por el exfuncionario en contra del recurso para regresarlo a su país a cumplir la condena de 17 años y 4 meses interpuesta por la Corte Suprema de Justicia.
No resignado el protegido por el expresidente y controvertido exsenador de la República, doctor Álvaro Uribe Vélez, el doctor Andrés Felipe Arias interpuso una tutela ante la Corte Constitucional, recurso que ésta falló el 2 de mayo de 2020 a favor del accionante otorgándole la posibilidad de impugnar su condena solo si tenía un efecto directo sobre él; pues según esta Corte su colega, la Suprema de Justicia, violó los artículos 29 y 93 de la Constitución al negarse a tramitar la impugnación solicitada por Arias, por lo que ésta alta Corte mediante un comunicado manifestó que “acata el fallo, pero no lo comparte”, decisión de la Corte Constitucional que ha sido controversial y ha creado división entre los partidos políticos, los avezados en esta materia y la opinión pública.
Esta decisión de la Corte Constitucional a favor de Arias Leiva, se ha prestado para varias interpretaciones y confusiones, pero ese organismo ha hecho precisiones sobre el fallo; es así como dejó en claro que por tal acto administrativo no es que el exministro de Agricultura va a quedar en libertad, que solo aplica particularmente a él, que los aforados (privilegiados del sistema) condenados tendrán que presentar individualmente tutelas para estudiar su caso si es que los ampara el derecho a la aplicación de sus condenas, o sea que sus casos los cobije la oportunidad de una segunda instancia.
Lo que ha inquietado este fallo, es que más de 200 “personalidades”, condenadas por la Sala de Casación Penal, que cumplen con los argumentos de la Corte, podían acudir a esta figura; por lo que la Corte Suprema se pronunció duramente, expresando taxativamente que esa decisión “deja un peligroso precedente de incertidumbre en la jurisdicción ordinaria y crea inseguridad jurídica en la justicia penal”.
En el mes de julio del 2020, Arias Leiva presentó impugnación contra su condena impetrando el principio de segunda oportunidad o revisión porque se dio en única instancia. En octubre 6 cobijado con el beneficio de concederle 72 horas libres extramural mensualmente, tiempo que puede aprovechar para trabajar o estudiar.
Alegando el principio de igualdad y vulneración del debido proceso por sus condenas en única instancia, otros podrán reclamar ese derecho, como la exdirectora del DAS, María Del Pilar Hrtado, condenada a 14 años de cárcel por 'las chuzadas'; el exsecretario de presidencia, Bernardo Moreno, condenado a 28 años por escuchas ilegales y el homicidio del profesor Alfredo Correa De Andreis; o como pedir que se revisen los casos del exfiscal Guillermo León Valencia Cossio, condenado por favorecer a narcotraficantes; tutelar al general (r) Miguel Alfredo Mazza Márquez, condenado a 30 años por el magnicidio de Luis carlos Galán Sarmiento; al exsenador Iván Moreno Rojas, condenado a 14 años por 'El Carrusel de la Contratación'.
En fin, podrían quedar habilitados para pedir la revisión de sus condenas, las casi 70 personalidades políticas, también 'la yidispolítica', el Proceso 8.000, y por magnicidios como los cometidos en Luis Carlos Galán Sarmiento, Álvaro Gómez Hurtado, Mauro Hoyos, Rodrigo Lara Bonilla y Jaime Garzón, entre otros.
Lo que llama la atención es que buen número de estos condenados fueron colaboradores incondicionales en los dos mandatos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien también le está tocando comparecer ante estrados judiciales por varios presuntos delitos, estar privado de la libertad, casa por cárcel (su hacienda El Ubérrimo) y viéndose precisado renunciar a su curul como senador de la República.
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